La encíclica Rerum novarum aborda, a los catorce años del pontificado de León XIII, la llamada cuestión obrera. Como el mismo Pontífice señalaba, dicho documento aparecía después de las encíclicas Diuturnum illud(1881) sobre el poder político, Inmortale Dei(1886) sobre la constitución cristiana de los Estados y Libertas(1888) sobre la libertad humana; encíclicas todas ellas que trataban cuestiones sociales en el sentido amplio y profundo de la palabra; como cuestión social era también, aunque en el plano específicamente económico, la que se ocupaba ahora, en 1891, de la condición de los obreros.
La encíclica plantea de inmediato, después de la introducción en que justifica la urgencia y gravedad del tema, la refutación de las tesis socialistas. Adviértase que en el documento no se habla de comunismo, puesto que las «ideas» debatidas se consideraron siempre como «socialistas», aunque la organización política concreta se dividiera en socialismo y comunismo después del triunfo de la revolución bolchevique, bien entrado el siglo XX.
Aunque voy a referirme a un aspecto concreto de la mencionada encíclica, quisiera advertir como marco global que difícilmente se entenderá la posición de la Iglesia en estas materias si se diluye, tanto la condenación de los errores socialistas, como la afirmación, que preside todo el documento, de que el fin de las relaciones económicas es el bienestar social -entendido como aquel orden social en el que pueden los hombres estar en disposición de aceptar el más alto fin a que Dios los destina, al crearlos a su imagen y semejanza- y no la acumulación de riquezas, la cual siempre se dará de hecho en las manos de los mejor situados por la fortuna. La condena de lo que algunos llamarían el capitalismo, pero que debería ser llamado con más amplitud -porque amplio es el mal que se denuncia- el liberalismo socio-política-económico, es tremendamente contundente en el párrafo segundo de la encíclica, justamente al realizar el análisis de la cuestión que se debate.
Escribe allí el Papa: «Destruidos en el pasado siglo los antiguos gremios de obreros, sin ser sustituidos por nada, y al haberse apartado las naciones y las leyes civiles de la religión de nuestros padres, poco a poco ha sucedido que los obreros se han encontrado entregados, solos e indefensos, a la inhumanidad de sus patronos y a la desenfrenada codicia de los competidores. A aumentar el mal, vino voraz la usura, la cual, más de una vez condenada por sentencia de la Iglesia, sigue siempre, bajo diversas formas, la misma en su ser, ejercida por hombres avaros y codiciosos. Júntase a esto que los contratos de las obras y el comercio de todas las cosas están, casi por completo, en manos de unos pocos, de tal suerte que unos cuantos hombres opulentos y riquísimos han puesto sobre los hombros de la innumerable multitud de proletarios un yugo casi de esclavos» (núm. 2).
Supuesto, pues, este marco global en que se denuncia el origen del mal, la condena de los principios socialistas puede verse reflejada en tres puntos principales que referiré en esta exposición.
Hay que empezar por dejar sentada la condena global de la lucha de clases y el fomento del odio hacia los patronos que, como es obvio, es condenada por el Papa León XIII, tanto en nombre de la razón como en nombre de la doctrina cristiana de la mutua fraternidad, según lo expresa en el párrafo 15 de la encíclica.
Centrándome en el tema del juicio de León XIII en esta encíclica sobre la doctrina social, señala el Pontífice que el socialismo se enfrenta al problema obrero con una visión monista de la sociedad, es decir, en el socialismo el hombre es visto como elemento de la única sustancia real, la colectividad. En consecuencia, la doctrina socialista juzga que el mal de la sociedad, el origen de todos los demás males, es la afirmación de la prioridad de la persona frente a la sociedad; de ahí el nombre de socialismo como la doctrina que quiere establecer la primacía de lo social sobre lo individual. Ahora bien, este monismo social tiene tres vertientes que se plasman en tres reiteradas tesis de la doctrina socialista que se pueden plasmar así:
1. En la sociedad se han de impedir las diferencias individuales, de modo especial en el plano económico.
2. No hay derecho a la propiedad privada, y menos de los bienes de producción.
3. El Estado ha de ejercer una acción social de modo que, entre otros, asegure los objetivos anteriores.
La exposición y crítica de estas tesis socialistas tienen en la encíclica de León XIII un tratamiento proporcionado a la gravedad de la afirmación que, en las postrimerías del siglo XIX, se centraba de modo reiterativo en la negación de la propiedad privada de la misma manera que, por el lado de exigencia positiva, el Papa insistía en esta encíclica de modo preferente en el justo salario. Obviamente, siendo la llamada «cuestión obrera» un asunto predominantemente económico, el tema de la propiedad privada tiene una extensión mucho mayor y el Papa proponía como fin de las relaciones económicas que todos los obreros tuviesen acceso a la propiedad. Así como, por la misma razón, se atenderá en dicho documento, de modo particular, al tema del justo salario, entendiendo por tal un salario que pueda ser llamado un salario familiar y un salario que convierte a los que no tienen otra fuente de ingresos en un salario del que quede un sobrante para la adquisición de crecientes propiedades.
Centrando ahora el problema en la relación individuo-sociedad la Iglesia enseña, en este documento, que el origen del mal no es el denunciado por el socialismo. Que la subordinación de la persona individual a la sociedad no es la solución al problema socioeconómico, sino que, por el contrario, el socialismo es un error fundamental que aumenta el mal que pretende resolver. La justificación de estas tesis leoninas, digamos «personalistas», no es económica, sino que está tomada del mismo orden natural, es decir, expresan la vertiente socioeconómica de la misma naturaleza humana. Y este fundamento natural es lo que da profundidad e incluso actualidad a la enseñanza pontificia. Podemos resumir, por consiguiente, también en tres estas tesis católicas que se oponen a los respectivos errores socialistas:
1. La naturaleza ha hecho a los hombres esencialmente iguales, pero accidentalmente diferentes. Obligar a todo hombre a «igualarse» con los demás en todas las dimensiones del quehacer humano, no puede hacerse más que impidiendo el desarrollo de las mejores cualidades de cada hombre particular. Ahora bien, esto no sólo va en detrimento de él, sino de toda la sociedad que se ve, privada de aquel bien que, de no realizado aquella persona individual, no será ejercido por ninguna otra. El orden social no es la uniformidad de lo homogéneo, sino la proporción de lo diferente, pues sólo así se alcanza la riqueza en que consiste la vida social.
Ahora bien, ¿es legítimo admitir esta desigualdad también en el orden económico? Sí -responde León XIII-, en la medida en que su negación comportaría la desaparición de las diversas cualidades naturales que a su vez hacen posible la sociedad. En efecto, en la medida en que toda actividad tiene su remuneración económica, la estricta igualdad de esta última no puede hacerse sin negar la diferente cualidad de la actividad humana. Es un hecho reiteradamente comprobado que la inmensa mayoría de los hombres necesitan de otro mayor talento y capacidad de trabajo para que sea también aprovechable y útil el suyo propio. La igualdad económica forzada por el poder político impediría tremendamente el desarrollo social y, por otra parte, jamás conseguiría lo mismo que pretende, pues siempre se generarían diferentes situaciones sociales. Con un agravante: que las desigualdades, al no tener fundamento natural -sino el que se derivaría de hecho de la astucia-, serían más injustas y por ello más odiosas.
Veamos cómo expresan este principio las palabras de León XIII: «Como primer principio, pues, debe establecerse que hay que respetar la condición propia de la humanidad, es decir, que es imposible el quitar en la sociedad civil toda desigualdad. Lo andan intentado, es verdad, los socialistas; pero toda tentativa contra la naturaleza de las cosas resultará inútil. En la naturaleza de los hombres existe la mayor variedad: no todos poseen el mismo ingenio, ni la misma actividad, salud o fuerza; y de diferencias tan inevitables síguense necesariamente las diferencias de las condiciones sociales, sobre todo en la fortuna. Y ello es en beneficio así de los particulares como de la misma sociedad; pues la vida común necesita aptitudes varias y oficios diversos; y es la misma diferencia de fortuna, en cada uno, la que sobre todo impulsa a los hombres a ejercitar tales oficios» (núm. 14).
Ahora bien, aunque la desigualdad económica no puede anularse, ello tiene su propia medida y que es el límite que impone la solidaridad humana. En concreto, enseña León XIII, el sistema económico no debe aumentar las diferencias naturales, sino, al revés, disminuirlas en lo posible, sin negar el entramado social que genera la riqueza. De este modo, resumiendo la doctrina social de la Rerum novarum en este primer aspecto, cabe decir que la Iglesia condena el liberalismo, entendido ahora como capacidad de pactar cualesquiera salarios y condiciones de trabajo, y la llamada usura en la prestación de dinero, y desaprueba expresamente la concentración de los mayores bienes en manos de unos pocos. Pero considera más nefasto el principio igualitario, porque es todavía más antisocial que el mal que pretende resolver. Paso ahora al segundo principio de la doctrina católica expuesta en la encíclica.
2. La propiedad privada está al servicio de la realización de cada persona, que no satisface con la posesión transitoria o uso inmediato de los bienes, sino con la constante posesión que asegura el futuro de sus necesidades. La propiedad privada es el normal resultado del ahorro y perpetúa la posesión de lo que no ha sido consumido de inmediato y, en consecuencia, abarca tanto a los bienes de consumo como a los bienes de producción. Negarle al hombre el derecho a la propiedad de tales bienes, para convertirlo en un forzado consumidor inmediato, es reducir al hombre a la condición de animal. En efecto, los animales no poseen nada como propio. Propiedad y ahorro son valores complementarios y ambos están al servicio de que el hombre use su entendimiento dominando las condiciones económicas y ejerciendo una previsión que a la vez que asegura su porvenir convierte a su entorno material en un ámbito que le dignifica y enaltece. La propiedad expresa, realza y aun favorece la naturaleza racional del hombre. A su vez, este principio tiene también su límite. La medida reguladora de esta propiedad es que ha de tener conciencia de estar también al servicio de la sociedad, lo cual se produce, ya de una manera natural, ya con un estímulo de caridad, cuando el hombre se sabe rodeado de hombres necesitados.
Así, pues, podemos ver un triple orden de razones para fundamentar la propiedad privada y, en consecuencia, negar el error socialista, el error, digamos, que más ha motivado enfrentamientos sociales. Las tres razones las podemos encontrar fundadas en tres principios complementarios:
Por un lado hay una razón de necesidad, derivada tanto de la capacidad del hombre como de las dificultades grandes que ofrece la naturaleza para la subsistencia humana. De ahí que la mayor importancia de la propiedad se da siempre en el ámbito rural y de los bienes derivados de la actividad que podemos llamar primaria. Otra razón se funda en lo que podemos llamar legitimidad o «premio», que resulta por el trabajo humano y el ahorro complementario. Finalmente, una tercera razón la podemos llamar de dignidad al poner la propiedad en la línea del ser libre e inteligente del hombre. Justifiquemos un poco más cada uno de estos tres motivos que pueden hallarse en el documento papal.
Una razón, decía, se funda en la necesidad de proveer a un futuro incierto mediante el aseguramiento de un bien presente. La propiedad aquí cumple una función de «conservación», de «previsión», pues, en efecto, «el hombre no es un animal con perfectos instintos a quienes basta el uso de los bienes existentes que están a su alcance» (núm. 5). «El hombre requiere bienes estables y per- , petuos que corresponden a la perpetuidad del socorro que necesita»(ibidem).
Otra razón más propiamente ética se funda en el derecho al premio que se deriva de la virtud del ahorro, pues se entiende la propiedad como resultado del ahorro, idea por otra parte, dominante en la encíclica (al que dedica íntegramente el largo párrafo número 37). En efecto, si se quita la propiedad se elimina el estímulo del ahorro tan importante en el acrecentamiento de riqueza no sólo individual, sino también colectiva. Toda riqueza es fruto de un ahorro.
La última razón, más formalmente humana, se funda en la naturaleza libre del hombre que es el único ser de la creación sensible que se «gobierna a sí mismo». La propiedad está entonces al servicio de la propia dignidad. Darle al hombre «lo que necesita», como pretende el socialismo estricto, aun cuando fuera muy suficiente, sería tratarle como a un animal. El hombre regula su propia actividad y dispone de lo que le rodea como ser libre que ejerce un dominio -dado por el Creador- sobre la naturaleza que él transforma y mejora dándole «su propio sello». El trabajo, en verdad, nos hace poseedores de lo que resulta del mismo y no sólo «consumidores».
Los párrafos dedicados al derecho a la propiedad son numerosísimos en esta encíclica. A lo largo de seis apartados (desde el número tres hasta el ocho de la encíclica) se desarrollan las razones dedicadas a explicar la necesidad y naturalidad de la propiedad privada; en el número treinta reitera de nuevo la necesidad de que las leyes garanticen este derecho fundamental del hombre.
La función social de la propiedad, que no niega en lo más mínimo el derecho de propiedad, está también explicitado en la encíclica en el apartado dedicado a la posesión y uso de las riquezas, con lo que el derecho a la propiedad adquiere su justo límite. En efecto, citando a Santo Tomás escribe: «El hombre no ha de tener los bienes externos como propios, sino como comunes, de suerte que fácilmente los comunique con los demás cuando lo necesitaren» (núm. 19).
3. En última instancia, el error socialista se manifiesta con mayor crudeza cuando pretende imponer al Estado por encima del individuo y de la familia. Mientras estas dos realidades son naturales en primer grado, el Estado lo es sólo en la medida en que sirve a la comunidad de hombres individuales y de familias. En efecto, frente al Estado, la familia -y no sólo el individuo- tiene realidad propia. El hombre no nace en un Estado, sino en una familia, siendo ella ya la primera e insustituible sociedad. Desde ella se accede a la sociedad total, pero ella sigue siendo el modelo de toda sociedad. El Papa León XIII llega a decir en esta encíclica que la familia ha de tenerse como sociedad perfecta. Naturalmente, no puede referirse, al decir esto, a la totalidad de los bienes que se alcanzan en la familia por contraposición a la sociedad civil total, pues en sentido «extensivo» el Estado es superior a la familia. Pero sí se refiere esta perfección a que en la familia se incoan todas las cualidades humanas, y se viven todos los deseos y las motivaciones más profundas del hombre.
Vale la pena recoger las palabras textuales del Papa en este tema de la relación familia-Estado: «A la manera que la convivencia civil es una sociedad perfecta, también lo es -según ya dijimos- y del mismo modo la familia, la cual es regida por una potestad privativa, la paternal. Por lo tanto, respetados en verdad los límites, de su propio fin, la familia tiene al menos los mismos derechos que la sociedad civil, cuando se trata de procurar y usar, los bienes necesarios para su existencia y justa libertad. Dijimos al menos iguales: porque siendo la familia lógica e históricamente anterior a la sociedad civil, sus derechos y deberes son necesariamente anteriores y más naturales. Por lo tanto, si los ciudadanos o las familias, al formar parte de la sociedad civil, encontraran en el Estado dificultades en vez de auxilio, disminución de sus derechos en vez de tutela de los mismos, tal sociedad civil sería más de rechazar que de desear» (núm. 10).
Y, en la medida en que la sociedad familiar inhiere en el desarrollo socioeconómico de toda la sociedad, hay que advertir que al decir la familia no debe olvidarse la motivación paterna del trabajo que, al dirigirse hacia los hijos como destinatarios naturales de sus esfuerzos, resulta ser el más profundo motor de la actividad económica que redundará principalmente en el aumento de ahorro, lo cual conlleva siempre una riqueza social. Por ello, en concreto, es éste un gran motivo para defender la propiedad privada que, en la mayoría de los casos, es sinónimo de patrimonio que para dejarlo a los hijos se sustrae al consumo y se cultiva y acrecienta con el mayor interés. Y esta tesis es válida a todos los niveles de propiedad.
Al igual que en los puntos anteriores, también aquí hay que hablar de una prudente medida que regula la legítima intervención del Estado en los asuntos sociales y, en concreto, económicos. Porque, en efecto, para frenar una serie de desviaciones y abusos en las relaciones humanas sociales el Estado debe, escribe el Papa, «emplear, dentro de los obligados límites, la fuerza y la autoridad de las leyes... Los derechos, de quien quiera que sean, han de ser protegidos religiosamente, y el poder público tiene obligación de asegurar a cada uno el suyo, impidiendo o castigando toda violación de la justicia» (núm. 2). En la defensa de estos derechos se ha de tener especial cuidado -escribe el Papa- con los más necesitados: «Porque la clase rica, fuerte ya de por sí, necesita menos la defensa pública; mientras que las clases inferiores, que no cuentan con propia defensa, tienen una especial necesidad de encontrarla en el patrocinio del mismo Estado. Por lo tanto, el Estado debe dirigir sus cuidados y su providencia preferentemente hacia los obreros» (ibidem).
Así, resumiendo toda esta exposición, podemos decir que la condena del sistema socialista pasa por estos tres grados, que son como tres niveles de respetabilidad ordenados ahora en el orden inverso al de mi exposición. El primero es el respeto a la persona frente a la sociedad por ser anterior, fundamento y fin de ella misma; el segundo, el derecho a la propiedad como expresión del dominio personal del hombre sobre su entorno; el tercero, el respeto a las diferencias individuales en las que se plasma cada personalidad y su peculiar contribución a la sociedad económica. Pero, a su vez, cada una de estas afirmaciones fundamentales tiene su propia medida reguladora, para que el legítimo y necesario orden social no se convierta en una explotación del hombre por el hombre. Estos tres principios y su respectiva medida han sido y pueden seguir siendo los puntos de referencia en la construcción de una sociedad económicamente justa y progresiva, al servicio del hombre entendido siempre en la totalidad de sus dimensiones y que, como tantas veces lo recuerda León XIII en este magnífico documento, se entiende plenamente en su referencia a Dios, teniendo en cuenta que, en cuestión tan difícil, según las palabras finales de la Rerum novarum -en perfecta sintonía con las iniciales- «el verdadero y radical remedio tan sólo puede venir de la religión y que todos deben persuadirse de cuán necesario es volver plenamente a la vida cristiana, sin la cual aun los medios más prudentes y que se consideren los más idóneos en la materia de muy poco servirán para lo que se desea» (núm. 48).
